La oferta de empleo no será mayor del 25 por ciento de la tasa de reposición de los efectivos funcionariales existentes, con lo que sólo cubrirá las plazas de los jubilados, de los que soliciten excedencias y de los fallecidos.

El único ministerio que rebasará ese tope es el de Defensa, que podrá capar a un número mayor de funcionarios militares de carrera y empleo, a fin de prepararse para la profesionalización del Ejército.

El ministro de Administraciones Públicas, que intervino en la Comisión de Interior y Función Pública del Senado, señaló también que el sueldo de los funcionarios "se tendría que haber congelado, aunque no tuviéramos que respetar las condiciones de convergencia del Tratado de Maastricht".

Para Rajoy, esta decisión, que afectará a todos los empleados públicos no debe consderarse como una decisión aislada de control del déficit público, sino dentro de la filosofía de unos presupuestos austeros.

Confirmó que todos aquellos funcionarios que lo deseen podrán posponer su jubilación hasta los 70 años, cinco años más de la edad de 65 prevista en el Pacto de Toledo.

Sobre la reducción de altos cargos, Mariano Rajoy señaló que el Ejecutivo del que forma parte "ha sido el primero en realizar una reestructuración general", y acusó al anterior Gobierno socialista de provocar"cambios parciales, que provocaron el crecimiento de la Administración".

FUNCION PUBLICA

Asimismo, el ministro de Administraciones Públicas anunció que el Gobierno comenzará, a partir del próximo 8 de octubre, a negociar con las organizaciones sindicales el Estatuto Básico de la Función Pública, cuyo texto será remitido a las Cortes a lo largo del año que viene.

En este sentido, Rajoy no descartó la aprobación de otros estatutos parciales y especiales, caso del personal docente, además de este statuto Básico, cuyo objetivo es conseguir una Administración ágil, eficaz, profesional y despolitizada, que sirva con objetividad a los intereses generales.

Este estatuto tendrá vigencia para todos los empleados públicos, salvo para aquellos colectivos que cuentan con una normativa específica en la Constitución, como el personal militar y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; funcionarios de las Cortes Generales y de los Organos Constitucionales; jueces, magistrados y personal al servicios dela Administración de Justicia, además del personal funcionario que no recibe retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas.