A su juicio, la labor de los ayuntamientos de Guipúzcoa denuniados es "hacer el reclutamiento en las mejores condiciones", informando a los jóvenes afectados de todas las alternativas que tienen, de cómo se puede objetar, de los riesgos que asumen si se niegan a incorporarse y de los derechos que les asisten si deciden acudir al llamamiento a filas.

García, quien manifestó que la información es la mejor vía para que el servicio militar obligatorio cambie, señaló que actitudes como la de los alcaldes denunciados son una prueba patente de que hay que reabrir el dbate sobre la 'mili'.

"La solución pasa por reabrir un debate en el que no se profundizó lo suficiente. Pasa por ver si es conveniente y si es posible mantener el servicio militar obligatorio", dijo. "Si ésto es así, qué tipo de servicio militar obligatorio, dentro de qué marco de derechos y obligaciones de los jóvenes y con qué funcionamiento".

Según el secretario general de la ODS, "lo que es inviable es mantener el servicio militar obligatorio con el rechazo mayoritario de la gran mayoría de ls jóvenes".

Para García, el hecho de que se haya acudido a la Justicia para resolver este problema es "una falta de reacción ante un problema real", que es la nula "legitimidad social" del servicio militar obligatorio. "Se cuestiona su necesidad, su modo, su futuro, y más en un momento en el que en algunos países vecinos el servicio militar obligatorio está siendo abolido", dijo.

"Esa es una realidad que es insoslayable, y pretender dar respuestas de espaldas a esta realidad, por muy duras que sen esas respuestas y por muy dentro de la ley que estén, como es este caso, no es realista", agregó.