Así lo valoró la organización de consumidores en un comunicado en el que demandó acciones “más contundentes e inmediatas” así como “más celeridad” para que las iniciativas que contiene el paquete aprobado por el Ejecutivo “tengan un efecto real en la maltrecha economía de las familias”.

A este respecto y “a falta del análisis en detalle de la letra pequeña”, OCU insistió en que las medidas anunciadas, “aunque positivas, son claramente insuficientes” y "muestra de ello” es, a su entender, la “insuficiente” reducción de 20 céntimos en el precio de los carburantes para todos consumidores. Una rebaja que, según sus cálculos, para un hogar medio supondrá un ahorro de 65 euros en el caso del diésel y de 75 euros en el caso de la gasolina “en el conjunto de los próximos tres meses”.

La asociación lamentó que, a pesar de la rebaja, los precios de los carburantes “seguirán muy por encima de los precios que teníamos a primeros de año” y demandó “controles” para evitar que, a raíz de esta medida, “se incrementen de forma anómala”.

En paralelo, y tal y como viene reclamando en las últimas semanas, solicitó que, de forma temporal, se suspendan todos los impuestos relacionados con la energía y recordó que es el Estado “quien, en esta situación excepcional, es el principal beneficiario del incremento de los precios de los carburantes”. Por ello, también exigió que lleve a cabo “los ajustes necesarios” para reducir el precio de la electricidad y “evitar su incidencia en el resto de los productos y servicios”.

LUZ

Por lo que respecta a la electricidad, juzgó “muy poco ambiciosas” las medidas propuestas por el Gobierno, si bien urgió a que se “acelere al máximo su implantación”, al tiempo que, con respecto a la ampliación de los beneficiarios del bono social, puntualizó que son “muchas las familias que, a pesar de cumplir los requisitos, no acceden a él por falta de información y las dificultades para acceder a este y mantenerlo”.

Por ello instó a aumentar los “teóricos” beneficiarios de este instrumento y a “poner el foco en facilitar el acceso" al mismo y que sea concedido forma “automática”.

Tras defender que el “problema principal” en torno al elevado precio de la luz está en el sistema marginalista de fijación de precios que, a su juicio, “amplifica los efectos de la espectacular subida del precio del gas en los mercados internacionales” a causa de la invasión rusa de Ucrania, reiteró la urgencia de “desvincular de forma efectiva” los precios de ambas energías “como única forma de producir una rebaja efectiva en la factura eléctrica”.

En este contexto y a falta de otras medidas “de largo plazo”, exigió que la “excepcionalidad de la situación” actual “se traduzca” en una propuesta de precios máximos para las plantas de generación mediante gas que no supere los 35 o 40 euros.

Finalmente, por lo que respecta al alquiler, valoró como “poco efectiva y difícil de implementar” la limitación de la subida al 2% y estimó “más conveniente” que se establezcan ayudas a inquilinos “en situación de vulnerabilidad de acuerdo con el ingreso mínimo vital”.