Por ello, la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, atribuyó parte de la culpa de lo que ha ocurrido al Gobierno "porque la ley lo prevé y lo permite".

"Las compañías hacen lo que la ley dice y es lógico que si pueden leer el contador cada dos meses lo hagan así", agregó.

"Cada uno debe asumir su responsabilidad y gran parte del problema lo genera la propia ley al ser muy ambigua y las eléctricas juegan con el margen que se les permite", concluyó.

Por su parte, el secretario general de UCE, Juan Moreno, considera "totalmente pertinente la apertura del expediente tras el lío monumental creado tras el cambio a la facturación mensual".

Asimismo, pide que la resolución del expediente no sea "sine die" permitiendo a las eléctricas facturar como les plazca mientras se espera el resultado de la investigación.

Finalmente, Moreno denunció que el Ministerio de Industria no ha cumplido parte de los acuerdos alcanzados con los consumidores con respecto a esta materia. Se refirió a la convocatoria de una reunión con las comunidades autónomas, que tienen la potestad sancionadora, y la creación de una comisión con participación de los consumidores para fijar los criterios para realizar facturaciones en base a estimaciones.