"Es inaceptable que los padres tengan que asumir el coste de los libros sin tener opción a ningún tipo de reducción que se podría obtener a través de la gestión de las propias APAs (asociaciones de padres) con las editoriales para llevar a cabo las compras de los libros" señaló Múgica quien además animó a las asociaciones de padres "y demás colectivos a luchar contra esta situación onopolística, por mucho que se esgrima que es legal".

El portavoz de la OCU denunció que "no nos encontramos en una situación normal de mercado. Estaríamos en una situación normal si vas a una librería ves los libros y eliges los que quieres. El padre no se encuentra ante esto y además no tiene ninguna posibilidad de buscar caminos para abaratar el coste porque cuando lo hace, el sector de los libros se le echa encima".

Según las estimaciones de la OCU el gasto en libros de texto se sitúa entre ls 13.000 y las 20.000 pesetas por niño. El año pasado el gasto de las familias en libros ascendió a 40.000 millones de pesetas o "40 kilómetos de vía del tren de alta velocidad".

"Si vas por diferentes áreas, buscando el texto más barato, el coste sería la mitad. Hablaríamos entonces de 8.000 pesetas", agregó.

LIBROS GRATIS

En cuanto a la gratuidad de los libros, Múgica explicó que "si la enseñanza es gratuita, los libros para esa enseñanza se convierten, en si mismos, en bienes de primera neceidad. Y en ese sentido, deberían gozar de la situación que hay en otros países de nuestro entorno".

"En Francia, Suecia, Inglaterra e Italia, los libros son gratuitos o están subvencionados o, como en Alemania, desgravan fiscalmente", indicó.

Como, en cualquier caso, la gratuidad de los libros no podría ser aplicable este año, la OCU solicitará al Ministerio de Economía y Hacienda que "que los gastos en libros de texto y material escolar tengan desgravación fiscal, como sucede con los gastos parala vivienda o la salud".

Otra queja que puso de manifiesto la OCU, "es la frecuencia con la que se sutituyen los textos en los centros". Según la organización, "lamentablemente muchos centros no respetan los cuatro años establecidos por ley y la Inspección Técnica de Educación hace bien poco para evitar esta práctica".