El presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas de España (FENIE), Romualdo Arias; el vicepresidente de la Federación Catalana de Asociaciones Empresariales (FERCA), Antonio Ruiz, y el director de Relaciones Institucionales de OCU, Antonino Joya, lamentaron que estas inspecciones no estén contempladas en el reglamento eléctrico de 2002.

Las citadas organizaciones presentaron en rueda de prensa un estudio realizado por la Plataforma para la Revisión de las Instalaciones Eléctricas, que nació con motivo de "la gran cantidad de accidentes originados por causas eléctricas en nuestro país".

Esta plataforma agrupa, entre otras organizaciones, a la Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico (ADIME), la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME) y el Centro Español de Información del Cobre (CEDIC).

GRAVES RIESGOS

El documento pretende concienciar al Ejecutivo y a las comunidades autónomas del grave riesgo que corren los usuarios si no se mantienen unos niveles de seguridad adecuados en las instalaciones y receptores eléctricos de los edificios.

Del informe se desprende que el 70% de los hogares españoles presentan deficiencias en sus instalaciones eléctricas, y que cada año mueren en España unas 150 personas y 1.600 resultan gravemente heridas por este motivo. Las descargas eléctricas se cifran en 4.850.

El vicepresidente de FERCA hizo hincapié en que el 60% de la oferta inmobiliaria española, es decir, 15 millones de viviendas, tiene instalaciones anteriores a 1975 y que el 70% de las instalaciones de viviendas construidas antes de 1973 "no cumple con las exigencias mínimas de seguridad".

Añadió que actualmente más de 17 millones de hogares tienen tomas de corriente inseguras y más de 6 millones carecen de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Además, indicó que los defectos eléctricos son una de las causas más comunes de incendios (unos 7.300 al año), cuyo coste total anual ronda los 40,5 millones de euros.

Por su parte, Romualdo Arias alertó sobre las "manipulaciones" de las instalaciones eléctricas por parte de personas no profesionales, "los llamados manitas", lo que, junto con el envejecimiento, contribuye, a su juicio, al progresivo deterioro de estas instalaciones.