Según informó la OCU, el Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional se ha declarado incompetente en la tramitación de la anterior querella criminal que la organización de consumidores interpuso el pasado 22 de febrero.

Según la OCU, eltribunal basa su incompetencia en el artículo 65/b de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exige que los fraudes alimentarios sean "cometidos por bandas o grupos organizados".