La acción judicial, que representa a 0 afectados, se dirige también contra cuatro entidades financieras. En la demanda se pide al juez que anule o resuelva, según los casos, los contratos de enseñanza y de crédito, y que condene a Quick Center y a las entidades financieras a devolver el dinero a los alumnos y los intereses correspondientes.

Según la OCU, en los contratos no constaba, como es obligatorio, la facultad de desestimiento, que fue ejercitada en plazo por la mayor parte de los alumnos que han presentado la demanda.

Quick Cnter incumplió los contratos al no entregar el material acordado, haberlo proporcionado con defectos o no haber prestado las clases de idiomas, entre otros fallos, según la organización de consumidores.

El director general de la OCU, José María Múgica, subrayó que una vez que la demanda sea admitida a trámite el juez puede ordenar el anuncio público del procedimiento para que los alumnos afectados que lo deseen puedan unirse al mismo.