Esas diez prioridades hacen referencia a la seguridad alimentaria, la protección a la salud, la liberalización con competencia, la protección frente a los posibles abusos de las nuevas tecnologías, la erradicación de las cláusulas abusivas de los contratos, un sistema de resolución de los problemas de consumo, la potenciación del movimiento de los consumidores, el acceso a los medios de comunicación de titularidad pública, la rnomización nacional de la legislación de consumo y un régimen administrativo de sanciones más exigente.

Entre otras cosas, la OCU reclama "la realización de campaña para obtener esa formación sanitaria y el compromiso de todos los profesionales para conseguir un uso racional del medicamento".