En un comunicado, la OCU recuerda que hace ya más de un año y medio que, con ocasión dl anterior brote que provocó 155 víctimas en la Comunidad de Madrid, presentó una querella criminal por presuntos delitos de estafa y contra la salud pública contra los responsables del uso de sustancias ilegales para el engorde del ganado vacuno.

La OCU denuncia que pasado todo este tiempo todavía no se ha dilucidado la cuestión de competencia entre la Audiencia Nacional y el juzgado de instrucción de Madrid, "a pesar de que la investigación policial ha concluido en varios informes que hay indicios sficientes de que detrás de este tráfico existe una banda organizada de ámbito nacional".

Los responsables de esta organización critican que después de más de año y medio las víctimas de la intoxicación sigan sin haber sido resarcidas de sus daños y los criminales puedan haber escapado o elaborado sus coartadas.

A su juicio, es "lamentable" que las distintas administraciones se nieguen a identificar a las ganaderías responsables de este delito. Para la OCU, esta identificación es la única forma decombatir con eficacia este fraude, cuyo alcance puede ser "impredecible".

Asimismo, la OCU considera "inaceptable" que las propias administraciones, a través de etiquetas de calidad, "favorezcan la coexistencia en el mercado de carnes legales (las llamadas de calidad, que en realidad no son sino carnes de animales no engordadas con sustancias ilegales) y otras ilegales sobre las que no se ejerce ningún tipo de control".