La OCU informa que ha realizado un estudio de más de 400 anuncios aparecidos en prensa y televisión ofreciendo teléfonos eróticos y de tertulia ("party line") y ha comprobado que las empresas que ofrecen estos servicios están radicadas en las Antillas Holandesas, Canadá, Chile, Estados Unidos (islas del Caribe), Filipinas, Israel, Santo Tomé y Príncipe y Tuvalu (archipiélago del sudeste asiático).

Según el estudio de la OCU, la mayoría de estas empresas, el 44,7 por cento, proceden de Canadá. Le sigue Chile, con un 17,2 por ciento de los servicios eróticos y "party line" ofertados, Israel (16,5 por ciento), Filipinas (12,2) y Antillas Holandesas (4,2 por ciento).

La OCU explica en un comunicado difundido hoy que todos estos números a los que se accede a través del prefijo 07 se incluyen, en cada país, dentro de los servicios de valor añadido, es decir, que son servicios ofrecidos por terceras empresas a través de las respectivas compañías telefónicas de cada país. Esta asociación de consumidores asegura que son en todos los casos servicios de tertulia o de contenido erótico y "no tienen, pues, nada que ver con el servicio telefónico básico internacional". Por ello, insiste en que su control es técnicamente posible, ya que la secuencia inicial de números de teléfono es idéntica para cada país.

La OCU, además de criticar la nula calidad de estos servicios, denuncia que ninguno de ellos cumple los requisitos establecidos por la Ley General para la Defensa de os Consumidores y Usuarios, al no identificar la empresa que ofrece el servicio ni indicar de manera eficaz y comprensible el precio del servicio.

Según la OCU, estas empresas juegan, además, a agrupar los números de telefóno, de forma que resulta muy difícil deducir la procedencia del servicio, lo que genera una situación de indefensión en el consumidor.

Por todo ello, la OCU se ha dirigido a las autoridades españolas competentes y a los grupos parlamentarios para que se incluyan las líneas de vlor añadido entre las de acceso restringido a los usuarios que las soliciten y que obliguen a las empresas a que su publicidad cumpla la legislación al respecto.