El titular del juzgado, el magistrado Guillermo Ruiz Polanco, admitió a trámite el pasado 21 de diciembre la querella criminal presentada el 20 de octubre contra esos establecimientos por la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), por "presunto delito contra la salud pública y otro ilícito conexo de intrusismo". Los querellantes basan su acción judicial en el artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La OCU ha decidido tomar parte en el procso después de realizar una prueba práctica en 43 tiendas de 20 provincias. Sólo en 4 establecimientos se negaron a vender sin receta dos fármacos para animales que sólo deberían expenderse con receta según la legislación vigente. En los 39 comercios restantes, los colaboradores de la OCU obtuvieron las medicinas sin presentar receta, salvo en aquellos casos que carecían de existencias.

La asociación de consumidores denunció públicamente esta situación la semana pasada, así como que las comunidades autnomas incumplen su obligación de elaborar catálogos de centros de venta autorizados de fármacos veterinarios y de comunicárselo a la Agencia Española del Medicamento, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España se ha sumado también a las críticas a las comunidades autónomas por no hacer cumplir la ley en la venta de productos veterinarios, lo que representa un peligro para la salud pública e incluso deja la puerta abierta al desvío de medicinas veterinaris al mundo de la droga.