José María Múgica, portavoz de la OCU, que presentó este documento en rueda de prensa, junto con el director de esta asociación de consumidores, Juan del Real, criticó la poca presencia que los temas de consumo tienen en los programas electorales de los partidos políticos.

Los responsables de esta organización creen que uno de los asuntos prioritarios es "que la política de consumo empiece a escribirse con mayúscula", para lo que, a su juicio, es necesario el desarrollo legislativo urgente de la Ley General de Defensa de los Consumidores, que sólo se ha desarrollado parcialmente.

También consideran fundamental dotar de más medios y funciones al Instituto Nacional de Consumo (INC) para que haya una mayor coordinación en esta materia entre la Administración Central y las comunidades autónomas.

Proponen, asimismo, agilizar los procedimientos administrativos contra las empresas que cometen infracciones en matera de consumo, aumentar las sanciones y hacer públicos sus nombres.

Estiman prioritario actuar sobre las entidades financieras y aseguradoras, que dieron lugar al 15% de las 34.000 reclamaciones recibidas por la OCU en 1995. Esta organización destaca la falta de transparencia y la prepotencia de estas entidades y pide que se adhieran al sistema arbitral de consumo.

La OCU reclama también el establecimiento de un procedimiento judicial abreviado para solucionar los conflictos sobre consumo, porque onsidera que el sistema arbitral funciona bien, pero es de adhesión voluntaria. También pide un mayor desarrollo legislativo de la Ley General de Publicidad y la trasposición a la legislación española de todas las directivas comunitarias sobre consumo.

En relación con las organizaciones de consumidores, solicita su reconocimiento como asociaciones de utilidad pública y que se eliminen las subvenciones directas públicas a estas asociaciones, de manera que esas ayudas se destinen a financiar estudios y royectos que lleven a cabo. También pide que las cuotas que pagan los asociados desgraven en el IRPF.

El documento que remitirá la OCU al nuevo Gobierno recoge también otras muchas propuestas que van destinadas fundamentalmente a velar por los derechos del consumidor a la protección contra riesgos a su salud o seguridad, de sus intereses económicos, del derecho a indemnizaciones por daños y perjuicio, del derecho a la información y del derecho a ser escuchados.