Así lo precisó en un comunicado en el que explicó que, según la Alianza por el Autoconsumo, de la que forma parte, un 19% de la energía que producen las instalaciones de autoconsumo se está “perdiendo” por los “retrasos” en su legalización, lo que equivale al 0,4% del conjunto de la demanda eléctrica nacional, por lo que exigió la “agilización” de los trámites legales, tal y como establece la Directiva europea de energías renovables.

Tras puntualizar que la potencia generada por las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en España se multiplicó por dos en 2022, hasta alcanzar los 5.249 MW, la entidad subrayó que dichas “trabas” a su puesta en marcha “empiezan” por los retrasos en su legalización, que, a su juicio, “no hacen sino lastrar la amortización de las instalaciones y desincentivar la inversión”.

“El primer responsable de estos retrasos son las propias administraciones”, advirtió, al tiempo que consideró que, si bien el Decreto de Ahorro energético aprobado por el Gobierno hace poco más de un año “agilizó ciertos trámites, sigue siendo insuficiente”.

A este respecto, estimó que “no es raro encontrar tasas municipales o requisitos técnicos desproporcionados, como los complejos y costosos procedimientos de obra industrial” y que las consejerías de las comunidades autónomas “tampoco parecen muy rápidas a la hora de agilizar las autorizaciones, en contra de lo que establece la Directiva Europea de energías renovables y en la que se basa el decreto”.

MALAS PRÁCTICAS

“Pero el punto más crítico del proceso son las malas prácticas de las distribuidoras de electricidad”, defendió, al tiempo que lamentó que a veces “dificultan” la formalización de los contratos individuales abriendo “varios expedientes para un mismo caso” y otras veces prohíben que un consumidor esté asociado a más de un autoconsumo u obligan al titular a modificar las instalaciones de enlace o en la red.

En este contexto, instó a “terminar con el ingente despilfarro energético” que, según su punto de vista, supone el “retraso” de la conexión de la instalación a la red eléctrica. Para ello exigió a las administraciones implicadas a “acordar” un procedimiento “común y sencillo”, así como a disponer del personal “necesario” para “agilizar” los trámites.

“Las distribuidoras, por su parte, deben cesar automáticamente las prácticas ilegales y asumir los cambios técnicos que les corresponde según la ley; en caso contrario, deberán ser sancionadas como procede y de forma ejemplar por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)", abundó, convencida de que de ello “depende” que España “disminuya” su dependencia energética del exterior y se “potencien” energías más limpias, como es el caso de la fotovoltaica.