Con los juzgados colapsados por los expedientes, nada hace suponer una pronta solución a este grave problema, solución que, además, difícilmente será satisfactoria teniendo en cuenta la sobrevaloración que artificialmente se le había aplicado a los sellos.

En un comunicado, la OCU advierte que la falta de diligencia de la justicia "eleva a límites difícilmente soportables, el sufrimiento de miles de pequeños ahorradores".

Asimismo, esta organización reitera que los hechos evidencian que el procedimiento concursal es inapropiado para resolver este tipo de problema, en la medida en que está pensado para otro tipo de situaciones.

"Un concurso con un número tan elevado de acreedores determina un sinfín de actuaciones en sede judicial que lo hacen absolutamente ingobernable. Los dos juzgados mercantiles llevan, prácticamente, un año resolviendo (en realidad, desestimando) las mil y una impugnaciones que se han presentado al informe de la administración concursal sin que, por el momento, se pueda hacer una previsión sobre cuándo se podrá ver el final de los procedimientos", prosigue el escrito.

Por ello, la OCU insiste en la necesidad de un procedimiento específico para defender a los consumidores en este tipo de situaciones ya que, "como ha podido verse, el concursal resulta absolutamente ineficaz e interminable".

En síntesis, explica que siguen abiertas la vía concursal, cuyas perspectivas de éxito para los afectados no son excesivas, y la vía penal, en la que se establecerán todas las responsabilidades sobre los hechos y que pueden determinar la obtención de mayores compensaciones.

"Por último queda la hipotética esperanza de la responsabilidad patrimonial del Estado que, hasta ahora, es más la expresión de un deseo que una vía jurídica firme y sólida", concluye el comunicado.