El más radical fue Miguel López, miembro de la Comisión Ejecutiva de la COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), quien solicitó el veto del Estado español a la propesta y pidió también que los titulares de Exteriores y Agricultura, Javier Solana y Luis Atienza, realicen las gestiones para modificarla totalmente.

Para López es "inaceptable" la cofinanciación que plantea la reforma para los fondos de operaciones, que afectarían a productos como la fresa o el melón, que deberían ser financiados al 50% por los propios productores para regular el mercado y poder llevar a cabo retiradas de productos, cuando todos los productos centroeuropeos son financiados integramene por la UE.

López dijo a Servimedia que COAG ha iniciado un proceso de información y debate en el medio rural, que desembocará en un corto plazo en la convocatoria de movilizaciones contra esta reforma de la OCM de frutas y hortalizas.

Por su parte, Pedro Barato, presidente de Asaja, consideró como necesaria la reforma, pero la rechazó en los términos que está propuesta, ya que a su juicio incrementa las diferencias entre los productos continentales y mediterráneos, e impide mantener la competitvidad para España en el exterior.

El director general de la Confederación de Cooperativas Agrarias, Francisco Marín, añadió que la reforma supone un "retroceso importante" en la protección de las producciones españolas frente a países terceros y la pérdida de mercado frente a Marruecos o Brasil, donde las cargas sociales y fiscales son casi inexistentes.

Por último, Fernando Moraleda, secretario general de UPA (Unión de Pequeños Agricultores), recordó que la propuesta comunitaria rebaja los precis de referencia hasta ahora marcados, lo que repercutirá en los precios finales recibidos por los agricultores.