Durante la acción de protesta por la que se juzga ahora a Greenpeace, cuatro miembros de la organización se introdujeron en el silo de basura y desplegaron una pancarta con del mensaje: "Comunidad Europea: No juegues on fuego", impidiendo que la grúa que alimenta el horno funcionase, mientras que varios escaladores se encaramaban a la chimenea y desplegaban una pancarta de 30 metros con el mensaje: "Stop incineration".

Según los ecologistas, con esta acción intentaban mostrar la necesidad de paralizar la incineración de residuos por las gravísimas consecuencias que tienen para la salud pública y el medio ambiente sus emisiones y cenizas tóxicas.

La incineración de residuos urbanos es la principal fuente de emsión de dioxinas al medio ambiente. Las dioxinas son las sustancias más tóxicas que se conocen, y a cualquier nivel de exposición causan daños a los seres vivos, según Greenpeace.

Además, añaden los ecologistas, estas dioxinas provocan en el ser humano cáncer, daños en el sistema inmunitario, endocrino y reproductivo, así como dificultades para el desarrollo intelectual de los niños. Las incineradoras de residuos urbanos también emiten grandes cantidades de metales pesados, entre ellos mercurio, cadmi o plomo.

La acción de protesta coincidió con la celebración en Tarragona de un seminario, financiado por la Comunidad Europea, para promover la incineración de residuos en los países mediterráneos.

Los activistas de Greenpeace permanecieron 11 horas en el silo de la basura, mostrando, a juicio de los ecologistas, no sólo el peligro de la incineración sino la gran cantidad de materias primas reutilizables y reciclables que podrían aprovecharse.

El juicio obedece a la denuncia realizada contr Greenpeace por Sirusa, empresa gestora de esta incineradora municipal. A pesar de ser de las últimas incineradoras construidas en España, la tecnología que utiliza es muy obsoleta, según los ecologistas, por lo que provoca además la emisión de elevadas cantidades de ácido clorhídrico y partículas, que agravan aún más el impacto ambiental de esta instalación.

"Con el bloqueo de la incineradora de Tarragona intentábamos proteger la salud de los habitantes y salvaguardar el derecho al medio ambiente. Laincineración de residuos urbanos es una actividad que debería prohibirse en España al igual que se ha hecho ya en otros países, como Canadá o en algunos estados de Estados Unidos", dijo Dolores Ramos, una de las acusadas, responsable de la campaña contra la incineración.

Por su parte, el presidente de Greenpeace de España, Xavier Pastor, declaró que "una vez más se juzga a los ecologistas que tratan de paralizar la contaminación, mientras los responsables de las empresas contaminantes son consideradoscomo personas respetables".