Según los últimos datos de esta investigación, las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han sido afectadas por un fraude que podrían alcanzar un montante de hasta 500 millones depesetas en total, según informó hoy la Cadena Ser.

El origen del fraude se sitúa en el Matadero Municipal de Reinosa, adonde se trasladaban miles de reses provenientes de explotaciones ganaderas de todos estos puntos del país, que debían ser sacrificadas por habérseles detectado perineumonía, tuberculosis o brucelosis.

Por el sacrificio de estas reses y con cargo a las campañas de saneamiento ganadero de cada una de las regiones, los gobiernos autónomos pagaban cantidades a los ganaderos que paraCastilla y León, por ejemplo, suponían 130 millones de pesetas.

En cambio, las reses no fueron sacrificadas, sino que su carne se desvió al consumo humano, muy probablemente a Francia, según las mismas fuentes. Por ello, junto al delito de fraude, el titular del juzgado cántabro investiga también otro presunto delito contra la salud pública.

Las sospechas empezaron cuando los responsables del Ayuntamiento de Reinosa tuvieron noticia de la salida desde esa factoría de varios camiones frigoríficos iarios con destino a industrias francesas, en la primavera de 1992, en los que presuntamente se transportaba la carne infectada.

Como consecuencia de la investigación se encuentran en prisión preventiva 3 personas, todas ellas responsables del matadero en cuestión, y en los próximos días, según fuentes del juzgado, se llamará a declarar al menos a 3 personas más.

El juez ha enviado también requerimientos a varias universidades del país para que remitan informes sobre los efectos del consumo de cane de vaca afectada por estas enfermedades.

Además de las comunidades afectadas por el fraude se han personado también ante el juzgado el propio Ayuntamiento de Reinosa, así como responsables del gremio de carniceros y charcuteros de Cantabria.

La instrucción del caso ocupa ya unos 30.000 folios de documentación e inculpa de forma especial a los responsables del matadero y a los tratantes que compraban las reses a los ganaderos de cada comunidad autónoma.