Reino Unido no ha adecuado sus leyes contra la corrupción a las obligaciones internacionales en esta materia, adquiridas a través de su ratificación de la Convención contra la Corrupción de la OCDE hace 10 años, según los expertos de esta organización.

La legislación actual del Reino Unido hace muy difícil perseguir judicialmente los casos de corrupción, y ninguna empresa ha sido aún condenada por este delito en el país.

Sin embargo, la OCDE reconoce aspectos positivos en las medidas adoptadas por las autoridades británicas para la lucha contra la corrupción en el extranjero, como la creación de una unidad especializada en la Policía de Londres con jurisdicción nacional y dotada con amplios recursos.

También destacan la primera condena individual por corrupción en el extranjero, aplicada por el país en septiembre de 2008 en un caso de transacciones internacionales, y la reciente estrategia británica para mejorar y reforzar la legislación y las estructuras para la lucha contra la corrupción en el extranjero.

La OCDE ha elaborado un informe con recomendaciones dirigidas al país, entre las que se incluyen la rápida aprobación de nueva legislación para la lucha contra la corrupción en el extranjero, y el establecimiento de un régimen de responsabilidad civil efectivo para las empresas en caso de que cometan este delito.

También ha pedido al Reino Unido que presente informes trimestrales sobre su progreso legislativo en esta materia.