La OCDE hizo esta reclamación a través de su representante en el I Congreso Europeo de Responsabilidad Social que se celebra en La Rioja, Osvaldo Agatiello.

Según dijo, las multinacionales deben "adecuar las normas de responsabilidad social en los países periféricos igual que lo hacen en su país de origen", ya que "casi todas las empresas operan ya a nivel internacional, aunque sea con las naciones limítrofes", añadió.

Estas medidas no afectarían a las cuentas de resultados de las organizaciones, porque "los consumidores estarían dispuestos a pagar una plusvalía si se les garantiza que las empresas cumplen estas normas" sociales, señaló el representante de la OCDE. La razón es que "muchos consumidores se preocupan por el medio ambiente o los derechos del trabajador".

Sin embargo, "en numerosos países nos resistimos a pensar que los productos que consumimos son frutos de la explotación", cuando lo cierto es que "50.000 niños mueren cada año en accidentes laborales y 1.500.000 de menores de 14 años trabajan en países en desarrollo en condiciones infrahumanas", explicó Agatiello.

Por su parte, la directora de Responsabilidad Social de la Organización Internacional del Trabajo (IOT), Emily Sims, señaló, durante su intervención en el mismo foro, que la implantación de las normas de trabajo de RSC "han de convertirse en valores internos, no ser un añadido o una parte de la contabilidad que deban medir los agentes sociales".

Por ello, es necesaria "una sinergia entre los principios de trabajo responsable y la forma en que se gestiona una empresa; es sumar derechos de los trabajadores a la productividad y competitividad de la empresa".

Aunque la extensión de la RSC a directivos y empleados no acaba ahí, según Sims, quien abogó por un enfoque más constructivo y amplio, ya que, según dijo, rara vez estas prácticas llegan más allá de la primera o segunda cadena de distribución y a las subcontratas.

Sims destacó además la importancia del papel de los gobiernos en la aplicación de políticas de RSC. La primera y más importante es generar puestos de trabajo de calidad, teniendo como objetivo el pleno empleo.

La administración debe desarrollar también políticas nacionales de formación, fomentar la igualdad de oportunidades y atraer empresas que muestren un compromiso claro de continuidad