Los responsables de la OCDE formulan esta recomendación en un informe que examina las acciones adoptadas por la Administración española para aplicar la Convención para Combatir la Corrupción en las Transacciones de Negocios Internacionales, que entró en vigor en 1999.

En el caso de España, el informe difundido hoy por la OCDE plantea una serie de recomendaciones, como aumentar el abanico de sanciones aplicables a las empresas que paguen sobornos para lograr contratos en países terceros y que el importe de las multas sea "disuasivo".

También propone ampliar la definición de corrupción transnacional para incluir el ofrecimiento de ventajas no pecuniarias, tales como dar un empleo a un pariente de la persona que otorga el contrato.

España también debe, según la OCDE, ampliar el flujo de información facilitado a los jueces y fiscales sobre los actos de corrupción eventualmente cometidos por empresas españolas que operen en el extranjero, y hacer explícita la prohibición de deducción fiscal de los sobornos pagados para conseguir contratos.

Por otra parte, la OCDE subraya que el Gobierno español ha tomado recientemente medidas positivas, como la ampliación de las competencias de la Fiscalía Anticorrupción y mejorado la legislación relativa a la confiscación de activos implicados en casos de corrupción.

Asimismo, indica que España se situaba en 2005 en el puesto 23 de los 159 analizados en el Indice de Percepción de la Corrupción que realiza la organización Transparencia Internacional, tras experimentar una "sustancial mejora en años recientes".

"En 1995, en la cumbre de una serie de casos de corrupción, España obtenía una puntuación de 4,35 puntos en un baremo de 0 a 10; en 2005, recibía una puntuación de 7. De los países analizados, España es el que más ha mejorado su posición durante los últimos años", señala también el informe de la OCDE.