El diputado socialista Carlos Navarro, los hermanos Luis y Fernando Olveró y Ticó Vilarrasa, todos implicados en el "caso Filesa", iniciaron negociaciones en diciembre de 1990 con los responsables de la finca Campo Baldío, con el fin de construir una central termoeléctrica que se alimentaría con cardos gigantes.

El proyecto, que se encuentra actualmente pendiente de la declaración de impacto ambiental por parte del Ministeri de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente (MOPTMA), fue criticado por diversas organizaciones ecologistas.

Sin embargo, la construcción de la presa, que tendrá una capacidad de 1.000 hectómetros cúbicos y un plazo de ejecución de aproximadamente 4 años, cuenta con la defensa y el apoyo de numerosas entidades públicas y privadas e incluso algunos alcaldes de la provincia, como los de las localidades de Cartaya y Ayamonte.

La presa de Andévalo es uno de los proyectos incluídos en el denominad Plan Puente de Obras Hidraúlicas del MOPTMA, aprobado hasta 1997.

A la construcción se esta presa también se oponen diversos colectivos vecinales de la zona, ya que consideran que este proyecto conllevaría la inundación de gran parte del término municipal de Puebla de Guzmán y de encinas centenarias.

Según las previsiones del Gobierno, formuladas en respuesta a una pregunta parlamentaria, la inversión global de este embalse es de 7.213 millones de pesetas.