No obstante, dicha norma está condicionada a la aprobación de la directiva comunitaria sobre envases y sus residuos, que podría verse en el próximo Consejo de Ministros de la UE a celebrar antes de fin de año.

A partir de 1995, los consumidores deberán pagar una cantidad individualizada por cada envase objeto de compra fijada por el MOPTMA. "Esta cantidad no tendrá consideración de precio n estará sujeta, por tanto, a tributación alguna", añade el proyecto de decreto.

Los comerciantes estarán obligados a aceptar la devolución de los envases y a pagarle al consumidor la misma cantidad que le hubieran cobrado previamente, con independencia del lugar donde hubieran sido adquiridos (salvo en el caso de que el comerciante los identifique expresamente).

Para la misma fecha, Obras Públicas quiere que las máquinas expendedoras de alimentos líquidos envasados incorporen un sistema automátic para la devolución del envase, o que indiquen un establecimiento donde los consumidores puedan hacerlo.

Por su parte, los fabricantes, importadores de envases o materias primas para su elaboración y recicladores también estarán obligados a tomar de los comerciantes los envases usados retornables para su reciclado.

En cinco años tras la aprobación del decreto España debería reciclar entre el 35 y el 45 por ciento en peso de la totalidad de los residuos de envases generados, y antes de 1998 ese pocentaje debería alcanzar ya el 25 por ciento.

En este borrador de decreto, Medioambiente plantea un sistema de "gestión alternativo" de los envases, que eximiría a los comerciantes de la obligación de recoger los envases. Esta sistema consistiría en acuerdos entre diferentes agentes económicos para realizar la recogida y reciclado de envases, acuerdos que deben ser autorizados por las comunidades autónomas o el propio Ministerio si su ámbito es supracomunitario.

MAYORES COMPETENCIAS

En cualquie caso, el papel de las comunidades autónomas será importante en el reciclado de envases, pues éstas deberán recibir de los fabricantes la información necesaria para realizar una base de datos sobre envases y residuos, de acuerdo con las indicaciones adoptadas por la Comisión Europea. También las Administraciones públicas tendrán la obligación de informar al consumidor sobre los sistemas de devolución disponibles.

En el apartado de infracciones, se destacan las realizadas por comerciantes, fabricantes,productores e importadores ante las obligaciones expuestas, que podrían dar lugar a multas de entre 100.000 pesetas y 50 millones y la retirada de la autorización del sistema de gestión alternativo, en el caso que lo hubiere.

La sanción podrá ser impuesta por los órganos competentes de las comunidades autónomas, y en el caso de la retirada de la autorización del sistema alternativo, de la administración competente para otorgar dicha autorización.