García dijo que la reforma de Ley de Objeción es consecuencia de la presión social provocada por la negativa de los jóvenes a realizar el servicio militar, que se está manifestando tanto en la "agonía" de la 'mili' como en la del planteamiento de la propia prestación social.

En su opinión, los actuales índices de objeción hacían necesaria una reforma, aunque señaló que con la supresión del servicio militar obligatorio "la única salida medianamente ordenada para evitar el caosque se está produciendo es establecer unos plazos rápidos y estrictos de profesionalización del Ejército".

Por último, García indicó que la equiparación de la duración del servicio que prestan los objetores a la del servicio militar va a provocar un aumento del número de jóvenes que se decanten por la prestación social.