Así lo aseguraron en una nota en respuesta al plan presentado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En el texto, la CEE recordó que "la acción que la Iglesia viene desarrollando frente a los abusos sexuales coincide, en buena parte, con los cinco ejes de acción que este plan propone" y que trabaja "ya" en la línea de "la acogida, la atención y la reparación de las víctimas, la prevención de los abusos, la formación de las personas y la sensibilización de la sociedad".

En relación al plan presentado, la CEE considera que, ciertamente, son "valiosas" aquellas medidas que se refieren a "todas" las víctimas y "en ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia, con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra".

Los prelados lamentaron que "el texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado". "Al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones", protestaron.

Además, "esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales", prosiguieron. "La Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación. Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia", señalaron.

TODOS LOS ÁMBITOS

Según la nota, "la CEE ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica. También le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto".

En todo caso, la Iglesia aseguró que "mantiene su compromiso de continuar con la acogida a todas las víctimas de abusos sexuales, para acompañarlas y repararlas".

El informe del Defensor del Pueblo, en el que dice el Gobierno que basa su nuevo plan, indicó a partir de información sobre 487 víctimas, que el 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifestó que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. El documento del equipo de Gabilondo también incluía una encuesta de GAD3 a 8.000 personas que también concluyó que el 0,6% de la muestra representativa de la población encuestada había sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y un 1,13 % que la agresión se registró en el ámbito religioso.

Por otra parte, la Conferencia Episcopal elevó a 1.057 casos el número de abusadores sexuales en el ámbito eclesial en la última actualización del informe ‘Para dar luz’, publicada a principios de marzo. De ese millar, 428 se registraron en diócesis y provincias eclesiásticas; 613 en institutos religiosos; uno en institutos seculares y 15 en otras instituciones específicas de la Iglesia.

Este documento, calificado de “vivo” por los obispos, incluye datos propios de la CEE además de informes como el del Defensor del Pueblo y el encargado por la conferencia al bufete Cremades & Calvo Sotelo e investigaciones de ‘El País’. En otra versión en diciembre, el número de abusadores contabilizados fue de 806, 251 menos que actualización.