Estas organizaciones reconocen que el nuevo brrador "contiene algunos elementos positivos" respecto a la legislación actual, pero creen que no integra todos los principios que deben regir la política migratoria española.

Tanto la Conferencia Episcopal, como las organizaciones católicas, exigen la equiparación de los inmigrantes con los españoles en lo referido a derechos y deberes laborales, para evitar la discriminación en el acceso al empleo.

Asimismo, piden que se facilite el acceso progresivo de este colectivo a los permisos de trabajo e larga duración y que se les respete el derecho a vivr en familia, simplificando los trámites para lograr el reagrupamiento de todos los miembros de la familia.

También reclaman el derecho de los inmigrantes que no hayan cometido delitos tipificados en el Código Penal a la residencia permanente, el acceso a la nacionalidad española de estas personas reduciendo el periodo previo de residencia que se les exige, el acceso a los sistemas de educación y salud y la asistencia jurídica gratuita.

Finalmnte, reivindican la regularización de todos los trabajadores inmigrantes clandestinos que se encuentran arraigados en España.