Preguntado en rueda de prensa por el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre los recursos presentados contra la asignatura, Martínez Camino manifestó: "No es posible que las partes implicadas, los padres, las escuelas y las asociaciones de padres, permanezcan pasivas. Pueden y deben ejercitar todas las acciones legítimas que sean conducentes a la defensa y promoción de esos derechos".

El portavoz episcopal indicó que su institución no ha variado en absoluto, tras la sentencia del Supremo, su rechazo categórico a la asignatura impulsada por el Ejecutivo. "Esta asignatura es inaceptable y viola gravemente el derecho de los padres y de la escuela".

Los obispos tienen claro que la asignatura constituye "una formación estatal obligatoria de las conciencias" y "obligar a los ciudadanos a tener una conciencia según el Estado lo imponga es algo contradictorio con la doctrina social de la Iglesia".

"El Estado no puede imponer ninguna doctrina moral, ni siquiera la católica, porque se viola, como hacen estos decretos, el derecho de los padres a que sus hijos no sean educados moralmente de manera distinta a sus propias convicciones morales. Por eso, la asignatura de Religión es voluntaria", añadió Martínez Camino.

En una nota aprobada por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal se afirma que con la introducción de Educación para la Ciudadanía, "el Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un Estado democrático de Derecho".