A juicio de los obispos españoles, el traslado de la fiesta de la Inmaculada a otra fecha para evitar el absentismo laboral o los 'puentes', "podría producir una perturbación social, como ya ocurrió en 1988".

"Consideramos que las fiestas religiosas con arraigo poplar tienen decisiva importancia para la vida de fe del pueblo cristiano e, incluso, valores humanos y culturales de trascendencia social que aconsejan evitar la frecuente alteración del calendario festivo", indican.

Según los obispos, el artículo tercero del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979, establece que "el Estado reconoce como días festivos todos los domingos. De común acuerdo se determinará qué otras festividades religiosas son reconocias como días festivos".

"En cumplimiento de este acuerdo y desde hace varios años", señalan los obispos, "el Gobierno y la Conferencia Episcopal vienen determinando cada año las fiestas, según la competencia de ambas instancias".

Así, según la Conferencia Episcopal Española, se suprimió la festividad de San Pedro y San Pablo como fiesta de precepto, se trasladaron a domingo las fiestas de la Ascensión del Señor y del Corpus Christi y se accedió un año a que el Gobierno suprimiera la fiesta de Tods los Santos, entre otras concesiones.

Asimismo, los obispos afirman que "con el deseo de alcanzar acuerdos satisfactorios, la Conferencia ha ofrecido y sigue ofreciendo la posibilidad de trasladar la fiesta de la Epifanía o Reyes al domingo siguiente, como sucede en otros países. Además, por no ser fiestas religiosas que obliguen al descanso, no pone inconveniente en que sean días laborables Jueves y Viernes Santo".