A su juicio, la ley debe recoger únicamente como obligatorio "el aporte social que el ciudadano ha de ofrecer al Estado, y en la que el Servicio Militar y la Prestación Social sean fórmulas alternativas plenamente libres que cada ciudadano pueda escoger sin la necesidad de justificar por qué elige una u otra".

"Fórmulas alternativas e iguales en duración de tiempo y en condiciones de ejercicio, sin que ninguna sea preferente y ninguna simplemente tolerada", añade.

Sus reflexiones vienen precedidas de una introducción en la que reconoce que "de un tiempo a esta parte crece la oposición social a la obligatoriedad de prestar el servicio militar e incluso a la prestación social sustitutoria".

En su opinión, la Ley reguladora de la Objeción de Conciencia y Prestación Social Sustitutoria de 1984 no ha contribuido a la serenidad social, ya que "muchos objetores se han convertido en la práctica en insumisos".

Según señala, "los aspectos de la ley que resultan más laramente defectuosos y explican la fuerte contestación social son los que implican una práctica penalización del objetor que opta por la prestación social".

Además, considera que la ley "criminaliza al insumiso con penas tan desproporcionadas que está produciendo efectos contrarios a los que el sistema penal debe garantizar, ya que ponen en grave riesgo la misma legitimidad legal por el rechazo generalizado en la ciudadanía".