En una nota de prensa, Gil denunció "la asombrosa celeridad del Gobierno central en presentar el recurso contra el decreto regional, frente a los cinco años de inactividad en el desarrollo de la Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres, aprobada en 1995, lo que ha provocado que más de 700 empresas locales en España se encuentren en una situación de absoluta indefensión jurídica y bajo la amenaza del expediente sancionador".

El consejero destacó, asimismo, que la intención del decrto regional sobre televisiones locales "no es otra que cubrir el inaceptable vacío legal existente en esta materia y defender el libre funcionamiento de las televisiones locales de Castilla-La Mancha, posibilitando el ejercicio de información plural, objetiva, veraz y cercana que están prestando".

Al respecto, recordó que esta iniciativa no es la única en España, ya que en Cataluña y Navarra, por ejemplo, ya se aprobó hace tiempo otro decreto similar al de Castilla-La Mancha.

Por esta razón, indió el consejero que "el recurso interpuesto por el Gobierno de Aznar no tiene otra interpretación que ir en contra de la libertad de expresión de estos medios de comunicación en Castilla-La Mancha".

Sobre las posibles consecuencias del conflicto jurídico anunciado, Gil señaló que no paraliza en absoluto el decreto regional ni sus efectos legales y que el Ejecutivo manchego "no va a ceder, sino que va a persistir en la defensa de los intereses de los empresarios y trabajadores de estas televisiones, asícomo de todos los castellano-manchegos, que tienen el derecho reconocido por la Constitución a recibir una información plural".

Por último, el titular de Obras Públicas lamentó que, al final, este asunto tenga que dilucidarse en los tribunales y no mediante el acuerdo político entre administraciones, pero "la actitud prepotente y absolutista del Gobierno central", indicó, "no ha dejado otro camino que éste".