Durante la presentación ante los medios de comunicación del Informe 2008 de CEAR, titulado "La situación de los refugiados en España", Díaz de Aguilar se refirió a los refugiados como "piezas de museo" por lo escasos que van a ser si medidas como las que propone la nueva ley se llevan a cabo.

Algunas de estas medidas son conceder al inmigrante un período de siete a treinta días para que abandone el país de forma voluntaria. Tras ese tiempo, la persona podrá ser encarcelada hasta 18 meses a la espera de ser repatriada. Además los expulsados no podrán regresar a Europa hasta pasados cinco años.

"Nos preocupan los grupos especialmente vulnerables, como son los niños, los discapacitados, los ancianos y las mujeres víctimas de violación", comentó Díaz, pues la nueva ley no los excluye de la cárcel aunque, a su juicio, son colectivos que precisan protección.

"La asistencia jurídica que recibirán las personas encarceladas" también es tema de preocupación para la CEAR, ya que el gobierno del país será el encargado de proporcionarla, lo que no favorecerá al inmigrante. Esto supone, según Díaz, "una merma clarísima de los derechos".