"Es una medida bienintencionada según explican sus promotores, pero desde luego sin soporte legal", subrayó Núñez-Morgades en dclaraciones a Servimedia. En este sentido, no le auguró "una prolongada vida".

El Defensor del Menor subrayó que en lugar de tomar este tipo de medidas, los ayuntamientos podrían propiciar encuentros con las asociaciones de padres, profesores, con todos los representantes sociales y con los implicados para tratar que todos se involucren en la solución de los problemas.

En esa línea, sugirió la idea de tratar los diferentes temas sociales que afectan a la ciudadanía -como prostitución, inmigracióny alcohol en los jóvenes- en Mesas de Encuentro en las que participen todos los sectores implicados.