En el estudio, el gabinete miisterial anuncia que, dada la evolución decreciente de este tipo de internos, no se prevé un incremento de los mismos como resultado de la aplicación de la nueva normativa.

Sin embargo, el Gobierno ha estimado oportuno crear 128 camas de ese tipo en el Hospital Penitenciario de Alcalá de Henares (Madrid), que se inaugurará el próximo año, de forma que en 1994 el número de plazas aumentará a 578 con respecto a las 450 actuales en los centros de Alicante y Sevilla.

Justicia considera que los Centro Especiales cumplen con el cometido de tratar a los sujetos cuya "actividad patológica" no permite el tratamiento adecuado en los centros penitenciarios. Estos internos regresan a la prisión de origen, una vez estabilizados, con una propuesta terapéutica para seguir en él.

Otro caso distinto es el de los denominados "internados judiciales", que incluye al grupo de enajenados mentales a los que se interna en centros adecuados a la enfermedad que padecen por orden del juez.

En esos supuestos, la le entiende que lo importante es el tratamiento de la emfermedad, ya que la peligrosidad del individuo está ligada a la existencia de un cuadro psicopatológico.

Esa medida de seguridad puede ser aplicada en cualquier centro asistencial español que el tribunal estime oportuno, dependa o no de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, salvo en el caso de los enfermos en que, por su especial gravedad, sea estrictamente necesario garantizar la privación de libertad, por lo que son internados en los hspitales psiquiátricos penitenciarios.

El Gobierno destaca que Asuntos Penitenciarios está en contacto con los Servicios de Salud Mental de las distintas comunidades autónomas para asegurar la continuidad terapéutica de las personas a las que los tribunales levantan las medidas de seguridad, ya que la rehabilitación ha de hacerse en las cercanías del entorno del paciente.

El informe estima que no existe población suficiente para hacer rentable la existencia de centros especiales de otra índole. Pr ejemplo, en la actualidad sólo existe un recluso sordomudo de los 262 internados judiciales existentes, por lo que encuentran más lógico intentar buscar soluciones en instituciones no penitenciarias.