Según el balance facilitado hoy por el Consejo General del Poder Judicial, en 2005 hubo 38.000 divorcios más que en 2004, mientras que el número de separaciones disminuyó cerca de 25.000 peticiones

La nueva ley modificó varios de los aspectos del procedimiento para poner fin a la vida conyugal. Con la antigua regulación, las parejas que querían divorciarse debían pasar primero por la separación. Con la nueva ley, que entró en vigor el 10 de julio de 2005, se hizo posible la disolución del matrimonio por divorcio sin paso previo por la separación de hecho o judicial.

Además, la modificación de la ley abría la puerta a una importante novedad: bastaba con que uno de los cónyuges quisiera poner fin al matrimonio para que demandese el divorcio, sin que el otro conyuge pudiera oponerse y sin que el juez la pudiese rechazar.

Otra novedad era que se redujo el tiempo que debía mediar entre el enlace y la petición de divorcio. Con la nueva ley, las parejas podían pedir la disolución del matrimonio a partir de los tres meses de casados.

La nota difundida por el CGPJ hace un balance de la ley desde su entrada en vigor hasta fin de año, es decir, de los dos últimos trimestres del año 2005, comparando el número de divorcios y de separaciones con los datos de 2004.

El impacto de la ley se concretó en un aumento de los divorcios y una disminución de las separaciones (los divorcios se mantuvieron estables durante el 2004 y los dos primeros trimestres de 2005).

Los divorcios consensuados pasaron de 28.612 en 2004 a 51.768 en 2005, lo que supone un aumento del 80%. Los divorcios no consensuados pasaron de 20.888 a 35.577 en un año, es decir, aumentaron un 70%En cambio, las separaciones disminuyeron. Pasaron de 77.273 divorcios en 2004 a 52.074 al siguiente año.

En resumen, con la nueva Ley se multiplicaron el número de peticiones de divorcio, mientras que se redujeron las separaciones. Pero, además, se constata que en el segundo semestre de 2005 el conjunto de divorcios y separaciones aumentó un 21,61%.

Por comunidades, en La Rioja y Baleares se dió el mayor aumento en número de divorcios por habitante desde la entrada en vigor de la ley, mientras que a la cola está Extremadura.