El fiscal delegado para Asuntos Ecológicos, José Joaquín Pérez de Gregorio, explicó que en los primeros seis meses de 1992 la fiscalía ya había instruido 54 diligencias por presntos delitos ecológicos, 35 más que en todo 1991. El número de querellas presentadas en Cataluña por este motivo fue de 12, cifra que también ha superado la correspondiente a todo el año anterior.

El número de juicios por delitos ecológicos celebrados en lo que va de año iguala ya, según las mismas fuentes, todos los de 1991. En el primer semestre de 1992 hubo 4 vistas, con 3 sentencias condenatorias y una absolutoria. De los 5 juicios del año pasado, 4 terminaron en condenas.

Las penas impuestaspor delitos contra el medio ambiente no superan el año de prisión menor, motivo por el cual los acusados no deben ingresar en ningún centro penitenciario, mientras que las multas fijadas oscilan entre 1 y 6 millones de pesetas.

Los ríos Besòs, Llobregat, Ter y Tordera, en cuyas cercanías se concentra la mayor producción industrial de Cataluña, son los más castigados por los vertidos de aguas residuales y sustancias contaminantes sin depuración. En la mayoría de los casos, los vertidos se realizan a trvés de colectores clandestinos, explicó Pérez de Gregorio.

Para el fiscal de Asuntos Ecológicos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el aumento de diligencias por delitos contra el medio ambiente se debe a que la población "es ahora mucho más consciente de los peligros que los delitos ecológicos comportan para la naturaleza"

Pérez de Gregorio destacó el trabajo positivo que están realizando los cuerpos de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, así como la mayor información que facilia sobre esta cuestión el departamento de Medio Ambiente de la Generalitat.