Así quedará recogido en la nueva normativa sobre evaluación de impacto ambiental que ha elaborado el Ministerio de Medio Ambiente y cuyo borrador presentará el ministro Jaume Matas al Consejo Sectorial de Medio Ambiente el próximo lunes.

La ecretaria general de Medio Ambiente, Carmen Martorell, manifestó hoy, en rueda de prensa, que la normativa traspondrá al ordenamiento jurídico español la directiva comunitaria que se aprobó en 1997.

La directiva, que debería haberse traspuesto antes de octubre de 1999, delimita los proyectos que deben contar con una evaluación de impacto ambiental.

Según Martorell, la ley española será más ambiciosa que la europea, ya que ampliará la oblitoriedad, además de a las grandes infraestructuras viaras o hidráulicas, a otras susceptibles de provocar daños ambientales importantes.

Entre estas infraestructuras, la secretaria general citó los proyectos de construcción de nuevos parques temáticos, pistas de esquí, teleféricos, instalaciones eléctricas y hoteles o edificios situados fuera de zonas urbanas.

También tendrán que ir acompañados de los correspondientes estudios de impacto los parques eólicos, los planes generales de ordenación urbana, las explotaciones agropecuarias y los matadero.

Carmen Martorell advirtió de que la nueva legislación no tendrá como objetivo "paralizar proyectos, sino gestionar bien aquellos que son de interés general".

Asimismo, negó que las evaluaciones de impacto retrasen o paralicen la ejecución de proyectos importantes, ya que aseguró que se tramitan con agilidad siempre que los promotores aportan la documentación necesaria.

En la actualidad, el Ministerio de Medio Ambiente tiene pendientes de evaluación 56 proyectos que cuentan con toda l documentación exigida, de los cuales 22 son de carreteras, 11 de ferrocarril, 8 de centrales térmicas, 6 de presas, 3 de líneas eléctricas, 2 de puertos y el resto no están clasificados entre estas infraestructuras.