El último borrador elaborado por la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo es prácticamente el texto definitivo del nuevo acuerdo político sobre pensiones y sólo falta perfilar matices relativos a la gestión del sistema y la situación de los prejubilados, según informaron a Servimedia fuentes parlamentarias, que auguran un inmimente acuerdo.

El borrdor, de 17 páginas, se estructura en cuatro partes: la primera es un preámbulo que defiende el "consenso social" y político como herramienta para reformar las pensiones; la segunda aporta el desarrollo de las 14 recomendaciones del pacto de 1995; la tercera incluye cinco nuevas recomendaciones, entre las que están las referidas a dependencia y discapacidad, y la cuarta añade tres recomendaciones más que enmarcan el Pacto de Toledo en el ámbito comunitario.

DEPENDENCIA

En el capítulo de dependencia, l borrador propone definir el concepto y acometer una política integral, que incluye un modelo de seguro privado de cobertura por dependencia. En cuanto a los discapacitados, el Pacto de Toledo pedirá expresamente que todas las políticas públicas estudien su impacto sobre estas personas.

La Comisión ve "necesario configurar un sistema integrado que aborde, desde la perspectiva de la globalidad, el fenómeno de la dependencia", mediante "la elaboración de una política integral" de "pronta regulación en a que se recoja la definición de dependencia, la situación actual de su cobertura, los retos previstos y las posibles alternativas para su protección".

"En determinados supuestos, podrá preverse la contribución de los usuarios para la financiación de estos servicios", dice la tercera de las nuevas recomendaciones.

Por último, en cuanto a los sistemas complementarios de pensiones, el Pacto recomendará "regular un seguro de dependencia de carácter privado y potenciar los sistemas complementarios dela Seguridad Social en el marco de la negociación colectiva".

DISCAPACIDAD

La cuarta recomendación que aporta como novedad el Pacto de Toledo "constata los adelantos que en materia de ayudas a las personas con discapacidad se han realizado en el marco de la Seguridad Social a través de diferentes políticas".

Así, "la Comisión insiste en la necesidad de seguir avanzando en este sentido y recomienda prestar una especial atención a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales para el disfrute e sus derechos en la materia, evitando cualquier tipo de discriminación y fomentando su plena integración laboral y social". Se recomienda que, en cualquier política pública, "se evalúe su impacto sobre las personas discapacitadas".

Otra de las recomendaciones más sociales se refiere a la protección social de la mujer, para lo que se propone tres vías: remover los obstáculos que existan para una equiparación salarial entre hombres y mujeres; estudiar mecanismos para que los periodos de atención a hijo o dependientes no afecten a las carreras de cotización; y abordar las situaciones creadas por separaciones o divorcios que generen "situaciones de desprotección con especial incidencia en las mujeres, en particular de aquellas de más edad o víctimas de la violencia doméstica".

También se incluye la inmigración y el "desafío" que supone y se apuesta por "conseguir que el inmigrante que resida legalmente sea un ciudadano con todos sus derechos, que tenga la protección de las leyes y de los sistemas de eguridad Social, que contribuya con su trabajo a mejorar su nivel de vida, evitando situaciones que puedan conducir a la marginación, al trabajo clandestino o a situaciones de explotación".

Por último, el nuevo Pacto de Toledo añade tres recomendaciones que enmarcan el sistema de pensiones en el marco de la UE, citando "los mecanismos de coordinación" en el ámbito de la Unión Europea; la influencia y creciente dependencia de las políticas económicas y sociales del Estado respecto a las de la UE; y, entercer y último lugar, la movilidad de los trabajadores de la UE.

Una vez se perfilen los dos puntos que quedan por matizar, prejubilaciones y gestión, el borrador del Pacto de Toledo deberá ser asumido por cada grupo parlamentario con el objetivo de que sea aprobado como texto definitivo por el Pleno del Congreso antes de fin de mes.