Ahorra más, en pesetas, el que más ingresos tiene, aunque el porcentaje de ahorro mayor lo obtienen las rentas más bajas en los modelos matemáticos barajados por la asociación de consumidores.

La OCU se quejade que, en general, sus propuestas no han sido tenidas en cuenta por Economía y Hacienda. Critica que el proyecto de ley remita "muchos aspectos importantes a la regulación anual de la Ley de Presupuestos o, lo que es aún peor, a su regulación reglamentaria. Esto afecta gravemente a la seguridad jurídica".

Aunque se ha conservado la deducción por vivienda, no se deja optar por el régimen tributario más favorable a quienes han adquirido la vivienda antes de la reforma. Otro ejemplo de "desigualdad injutificada", para la OCU, es que los parlamentarios, alcaldes y concejales no tributen por las dietas, sin límite de cuantía y sin necesidad de justificar su destino.

En la fiscalidad del ahorro, se trata peor a los depósitos, deuda pública o privada y seguros que a los fondos de inversión o acciones.

Respecto a la política de deducciones, la organización de consumidores prefiere que éstas se computen en la cuota y no en la base imponible, como establece el nuevo impuesto, porque en este último cas, por ejemplo, el primer hijo supone un beneficio fiscal de entre 36.000 y 96.000 pesetas, dependiendo de los ingresos de los padres.

RETENCIONES

En cuanto a la no obligatoriedad de declarar, persisten los inconvenientes para los pequeños contribuyentes, que se ven obligados a declarar si quieren recuperar retenciones cobradas de más por Hacienda.

Tras realizar distintos modelos de cálculo, la OCU concluye que el nuevo IRPF perjudica a los inversores en bolsa, fondos de inversión o seguros de vda, al desaparecer importantes ventajas.

Asimismo, pierden los compradores de vivienda habitual, porque los intereses desgravan en la cuota y existe un límite de 1,5 millones que cubre lo pagado tanto por intereses como por capital.

Por el contrario, las rentas del trabajo salen beneficiadas, al tener una reducción de entre 500.000 y 375.000 pesetas, superior a la actual (5% con un máximo de 250.000, más deducción de 27.000-72.000 en la cuota).

También ganan los mayores de 65 años, quienes, demás de otras ventajas, podrán vender su vivienda habitual sin tributar por ello. Otros colectivos favorecidos son los pequeños empresarios y profesionales, que podrán vender un activo como si fuera un bien privado (pagando un 20% en lugar del 35% anterior), así como los padres separados.