El nuevo convenio establece que la promoción de las plazas corresponderá a la Xunta, mientras que la Dirección General de Objeción de Conciencia del Ministerio de Justicia se encargará de las órdenes de incorporación. Los objetores gallegos serán adscritos a su comunidad autónoma, siempre que así lo deseen.

simismo, el convenio concreta, para este año, unas transferencias a la Xunta de Galicia por un importe máximo de 52,8 millones de pesetas, para gastos de pago de haberes en mano, alojamiento y manutención, gestión ordinaria y gastos de funcionamiento.

Con ese dinero, la Xunta facilitará a los objetores lo necesario para su formación, vestuario, equipo de trabajo, alojamiento, manutención y transporte si fuera necesario, además de controlar horarios, permisos y dotaciones.