Solchaga, en respuesta a una interpelación del Grupo Popular, señaló que, de dicho coste, 52.000 millones corresponden al catastro de inmubles urbanos y 18.000 millones al de inmuebles rústicos.

En la elaboración del catastro de la contribución urbana, un total de 8.000 millones de pesetas fueron destinados a los aparatos nformáticos necesarios para procesar los datos de los 19,8 millones de bienes afectados por el impuesto.

Solchaga se mostró convencido de que el Catastro es un instrumento rentable porque permite conocer las bases imponibles en el impuesto de bienes inmuebles, que aporta 200.000 millones al año, y del patrimonio, que supone otros 100.000 millones.

La diputada popular Loyola del Palacio rechazó las argumentaciones del ministro y aseguró que la revisión catastral ha sido inútil porque sus datos quearán "obsoletos" antes de que entre en aplicación. "El Ministerio de Economía y Hacienda se ha convertido en el Ministerio de Despilfarro y Hacienda", agregó.

Por otra parte, Solchaga, también en respuesta a una pregunta del Grupo Popular, afirmó que el aplazamiento de la remodelación del Gobierno no se está produciendo ningún "efecto apreciable" en el funcionamiento de la Administración.

Reconoció, no obstante, que sería "más fácil" negociar el pacto de competitividad "con un Gobierno asentado qe con otro en trance de remodelación".

Subrayó que respeta las prerrogativas de Felipe González para decidir la fecha de la crisis ministerial, pero insistió en que, después de posponer el pacto de competitividad primero por los enfrentamientos entre patronal y centrales y después por las elecciones sindicales "ahora sería conveniente que ya lo pudiesemos hacer".