Por el contrario, no se penalizará a quienes interrumpan su empadronamiento en la Comunidad Foral por razones de estudio o trabajo y se eliminan puntuaciones vinculadas a la edad de los solicitantes.

Además, el nuevo baremo atenderá a colectivos cuya situación familiar, económica y de vivienda haya variado tras una separación, divorcio o disolución de pareja estable. Computarán los hijos, aunque no residan con el solicitante.

Otra novedad es la desaparición de las convocatorias públicas mediante campañas específicas. El Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública Vinsa, adjudicará las viviendas protegidas a los inscritos en un censo de solicitantes.

La inscripción se renovará cada cuatro años, pero los interesados deberán notificar las variaciones personales, económicas o familiares que afecten a la baremación, como máximo, a los dos meses de producirse, con riesgo de exclusión del censo.

Los solicitantes podrán comunicar preferencias geográficas y de tipología. Las viviendas protegidas que se promuevan no se adjudicarán a través de campañas específicas o anuncios sino que Vinsa recurrirá al censo cuatro veces al año.

El anteproyecto, consensuado con el Partido Socialista de Navarra, también eleva los ingresos mínimos y disminuye los máximos para poder optar a una vivienda protegida, que sólo podrán ser o Vivienda de Protección Oficial (VPO) o Vivienda de Precio Tasado (VPT); endurece el régimen de control; y contempla medidas para el fomento del alquiler, entre otras medidas.