Hace dos días, Felipe VI sancionó la nueva redacción aprobada por las Cortes Generales, y tal como anunció Servimedia, el BOE lo ha publicado hoy.

Con el nuevo redactado, la Carta Magna especifica que “las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas” y que “se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio”. Asimismo, señala que “los poderes públicos deberán impulsar las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles” y que “fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca”. Por último, destaca que “se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.

De este modo, la reforma va más allá del mero cambio terminológico, pues no solo suprime el vocablo ‘disminuidos’ del texto Constitucional, sino que registra mayores garantías de cara a la protección y promoción de los derechos de este colectivo.

JUSTIFICACIÓN

El texto que hoy publica el BOE supone la tercera reforma de la Carta Magna --la primera de carácter social-- y en su preámbulo, destaca como “la Constitución Española consagra la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como claves de bóveda de nuestro Estado Social y de Derecho”.

Subraya que el artículo 49, dedicado a la protección de las personas con discapacidad, “fue una de sus plasmaciones concretas” que “en su día, situó a España a la vanguardia de la protección de este colectivo”.

Sin embargo, “ha quedado patente que la redacción de 1978 precisaba de una actualización en cuanto a su lenguaje y contenido, a fin de reflejar los nuevos valores y cambios sociales.

En vigor desde 2008 en España, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con discapacidad implicó la adaptación de las leyes nacionales y autonómicas a una nueva concepción de estos derechos y a mayores exigencias de protección.

Al mismo tiempo, también la sociedad civil de la discapacidad demandaba a los legisladores “acomodar el artículo 49 a la actualidad, con especial atención a las necesidades de las mujeres y los menores con discapacidad”.

Por todo ello, se considera “necesario proceder a la reforma del citado artículo, de forma que este precepto vuelva a ser referencia para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España”.

Esta conquista social ha sido posible gracias al trabajo realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) que ha luchado por ese cambio durante cerca de 20 años.