Javier Caballero, consejero de Justicia de Navarra, asegura que en la actualidad "seguimos padeciendo el anquilosamiento de un servicio público todavía anclado en formas de hacer justicia más cercanas al siglo XIX que a los tiempos actuales".

Por ese motivo, propone crear una infraestructura que permita archivar y mantener las causas en soporte electrónico". Un diagnóstico similar al del consejero de Justicia de la Xunta de Galicia, José Luis Méndez Romeu, que defiende una apuesta clara por la renovación tecnológica.

Montserrat Tura, consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, lamenta el "retraso endémico" en la Administración de Justicia, "empezando por el hecho mismo de que el poder judicial sea el único que no ha adecuado plenamente su organización ni su funcionamiento al Estado de las Autonomías, lo que no deja de ser paradójico tratándose del poder que debe garantizar el cumplimiento de las leyes".

El ex vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, AlfredoPrada, urge "reformar el sistema de elección del CGPJ, despolitizar completamente la Fiscalía General del Estado", aumentar el "protagonismo de las Comunidades Autónomas en la Justicia, reformar la legislación y una fuerte inversión de todas las Administraciones en nuevas tecnologías".

Fernando de Rosa, consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana, coincide con sus compañeros en afirmar que "hoy, la Justicia y su modernización es una de nuestras grandes asignaturas pendientes".

Por su parte, como consejero de Justicia, Empleo y Seguridad del Gobierno Vasco, Joseba Azkárraga, sostiene que "ha sido la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas, y no las reformas legales, las que ha hecho girar la rueda de la modernización de la Justicia".

Mientras, la consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, no considera que se pueda hablar de "colapso" en la Justicia en España, pues esto implicaría "cuestionar el trabajo, generalmente abnegado, del conjunto de los operadores jurídicos relacionados" con este servicio público.

No obstante, sí existen "evidentes disfunciones estructurales y de organización de las que adolece y que deben ser corregidas", matizó.

Sin embargo, el consejero de Interior y Justicia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sí considera que el Gobierno "ha desatendido" a la Justicia en los últimos cuatro años, lo que ha provocado un "atasco en las tramitaciones" y "el atraso tecnológico" en los juzgados y tribunales de las Comunidades Autónomas, como la suya, donde las competencias de justicia no están transferidas.

Éste también es el caso de Castilla-La Mancha, cuya consejera de Justicia y Protección Ciudadana, Angelina Martínez, explica que la reciente huelga de los funcionarios de Justiciano ha hecho más que incidir "en una Administración que, por motivos muy diversos, sufre un problema de retraso que no es nuevo".