Esto supone un aumento de las dificultades de acceso a la financiación ajena, según se desprende de la última encuesta elaborada por las Cámaras de Comercio, correspondiente al mes de abril: en la encuesta realizada en enero, el 83% de las empresas declaró haber tenido problemas para acceder al crédito en los tres meses anteriores; en febrero, el 82,3%; y en marzo, el 78,3%.

El 17,8% de estas empresas (188.000) no logró finalmente acceder a la financiación. Para el 34% de las que sí lo consiguieron, el volumen de financiación adquirido se redujo, mientras que los gastos y comisiones se encarecieron para el 71,5% de las empresas (912.000).

Las exigencias de garantías y avales aumentaron, además, para el 92,3% de las pymes, frente al 70,5% en enero, el 64,8% en febrero y el 82,5% en marzo.

Además, al 34,1% de las empresas que obtuvieron financiación no se les concedió el total de lo solicitado (frente al 32,9%, en enero, y el 24% en marzo).

La encuesta de las Cámaras revela, además, un aumento del número de empresas que recurrió al Instituto de Crédito Oficial (ICO) en busca de financiación (31,8%, es decir, 405.000 empresas). De ellas, el 69,3% encontró obstáculos para la concesión del crédito.

ADMINISTRACIÓN

Por otro lado, llama la atención que el 94% de las pymes que son proveedoras de las administraciones públicas tuvo problemas para efectuar el cobro. En febrero, esta proporción se situó en el 82,2% y en marzo en el 84,2%.

Los principales problemas para materializar el cobro se produjeron con la administración local (77%), seguida de la autonómica (37,9%) y, en último lugar, la central (5,2%).

El retraso medio en el cobro de la administración local se sitúa en los siete meses y medio; en la administración autonómica ronda los seis meses y en la central muestra un retraso de algo más de tres meses.