La jornada de protesta se limitó a un paro de los servicios y el cierre de la mayoría de los colegios municipales en Arucas, Telde, Santa Lucía, Agüimes, Artenera, Valsequillo, San Mateo y Firgas.

En Las Palmas la protesta supuso la paralización total del transporte municipal, que ni siquiera cubrió los servicios mínimos, y del servicio de recogidas de basuras.

El alcalde de la capital grancanaria, José Vicete León, rogó a los taxistas que no secundaran la huelga para paliar en parte las deficiencias del transporte público.

Al igual que el Ayuntamiento de Las Palmas, el resto de las corporaciones que se sumaron a la denominada "rebelión municipal" están gobernados por la coalición formada entre el PP, CDS e Iniciativa Canaria.

La huelga ha causado indignación en el Gobierno regional, integrado por el PSOE y las Agrupaciones Independientes de Canarias, por considerar que siempre han estado "abiertos l diálogo".

El presidente autónomo, Jerónimo Saavedra, llamó "irresponsables" a los convocantes de la movilización e insinuó que los ediles que han participado en la protesta podrían haber vulnerado la Constitución.