La reforma del Código Penal que se prevé aprobar este jueves en el Congreso empezará mañana mismo su trámite en el Senado, fijado en una semana, de manera que, para el próximo 22 de diciembre, reciba finalmente el visto bueno para su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Según el calendario aprobado esta semana en la Cámara Alta, una vez que este jueves el Congreso apruebe la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos, ésta será remitida inmediatamente al Senado, a donde llegará mañana viernes 16.

Nada más llegar al Senado, se abre un plazo “improrrogables” de enmiendas que concluye a las 14 horas del lunes 19, mismo día en el que se prevé que el Tribunal Constitucional vuelva a reunirse en Pleno para decidir sobre las medidas “cautelarísimas” solicitadas por el PP de paralizar el trámite de esta iniciativa.

Sin embargo, con el objetivo de que esta medida sea una realidad lo antes posible, el Senado acordó que, al día siguiente, el martes 20, sea debatida de manera exprés en ponencia y en la Comisión de Justicia, mientras que el día 21, miércoles, concluye el plazo de los votos particulares.

Será el jueves 22, cuando se prevé que la proposición de ley con todas las reformas incluidas en el Congreso, y ninguna en el Senado, sea discutida y votada en el Pleno del jueves 22 de diciembre, de manera que quede definitivamente aprobada sin necesidad de que regrese al Congreso, porque los partidos que respaldan al Gobierno no tienen previsto -como con Presupuestos- considerar ninguna enmienda de la oposición.

EN MES Y MEDIO

La reforma de hasta tres leyes orgánicas –Código Penal, Tribunal Constitucional y Poder Judicial- concluye así un procedimiento exprés nada usual en las Cortes. El pasado 11 de noviembre registraron PSOE y Unidas Podemos en el Congreso la proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.

Los partidos que forman parte de la coalición de Gobierno solicitaban una tramitación por la vía de urgencia de reformas en el delito de sedición, malversación y cambios en la ley orgánica del Poder Judicial para establecer consecuencias a los jueces que impidan los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional.

Desde el Ejecutivo siempre se marcaron como prioridad que la reforma debía quedar aprobada antes de final de año para así quedar lo más lejos posible del ciclo electoral que se abre en 2023 ante la cita con las urnas de mayo.

En la tramitación se aprovechó para enmendar la conocida como 'Ley del solo sí es sí’, así como las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial para cambiar el procedimiento de elección de los magistrados del TC e imponer sanciones a quienes incumplan con la renovación de estos órganos constitucionales, además de modificaciones en el Código Penal respecto a los delitos de sedición y malversación, y la tipificación de nuevos delitos de ‘desórdenes públicos agravados’ y el de enriquecimiento ilícito.