La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, detalló este martes el plan aprobado de respuesta al impacto de la guerra de Ucrania en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que lo aprobó, y acompañada de las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, respectivamente.

Calviño indicó que la nueva línea de avales se podrá solicitar hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrá un periodo de carencia de 12 meses. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por acuerdo de Consejo de Ministros, según precisó La Moncloa en una nota de prensa.

Respecto a los créditos vivos vinculados a la covid, se flexibiliza el Código de Buenas Prácticas, de manera que se rebajan los requisitos para extender los vencimientos y no se exigirá haber tenido una caída en los ingresos de al menos el 30% en 2020 respecto a 2019.

Para los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de transporte por carretera, considerados especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, podrán solicitar una ampliación de seis meses del plazo de carencia o mediante una carencia adicional. También se establece la obligatoriedad para entidades financieras de mantener las líneas de circulante para todos los clientes.

Calviño también repasó las ayudas directas contenidas en el plan para la agricultura y la ganadería, por importe de 362 millones de euros, y de 68 millones para el sector pesquero; más de 500 millones en ayudas a los grandes consumidores de electricidad; 125 millones para la industria de gas intensiva, y 450 millones para empresas del sector del transporte de mercancías y pasajeros.

El plan de respuesta al impacto de la guerra, con vigencia hasta el 30 de junio, supone una movilización “extraordinaria” de recursos de hasta 16.000 millones de euros, de los que 6.000 millones son en ayudas directas y rebajas fiscales y 10.000 millones se destinan a la línea ICO, según destacó la vicepresidenta.

Calviño también destacó otras medidas del plan como la bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible para todos los consumidores, la prohibición de despido en empresas que reciban ayudas directas, la limitación al 2% en la revisión de los alquileres y el aumento en un 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Calviño valoró que el Gobierno está “respondiendo con la máxima intensidad” y con “empatía” y diálogo con los sectores más afectados, los agentes sociales, las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios. “Buena parte de las propuestas y recomendaciones están recogidas en este decreto ley”, precisó la vicepresidenta, quien agregó que espera que la norma reciba el apoyo de los grupos políticos y sociales.