La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, detalló este martes el plan aprobado de respuesta al impacto de la guerra de Ucrania en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que lo aprobó, y acompañada de las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Teresa Ribera.

Calviño indicó que la nueva línea de avales se podrá solicitar hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrá un periodo de carencia de 12 meses.

Respecto a los créditos vivos vinculados al Covid se flexibiliza el Código de Buenas Prácticas, de manera que se rebajan los requisitos para extender los vencimientos y no se exigirá haber tenido una caída en los ingresos de al menos el 30% en 2020 respecto a 2019.

Para los sectores más afectados se da un plazo de carencia de seis meses y se establece la obligatoriedad para entidades financieras de mantener las líneas de circulante para todos los clientes.

Calviño también repasó las ayudas directas contenidas en el plan para la agricultura y la ganadería, por importe de 362 millones de euros, y de 68 millones para el sector pesquero; más de 500 millones en ayudas a los grandes consumidores de electricidad; 125 millones para la industria de gas intensiva, y 450 millones para empresas del sector del transporte de mercancías y pasajeros.

El plan de respuesta al impacto de la guerra, con vigencia hasta el 30 de junio, supone una movilización “extraordinaria” de recursos de hasta 16.000 millones de euros, de los que 6.000 millones son en ayudas directas y rebajas fiscales y 10.000 millones se destinan a la línea ICO, según destacó la vicepresidenta.

Calviño también destacó otras medidas del plan como la bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible para todos los consumidores, la prohibición de despido en empresas que reciban ayudas directas, la limitación al 2% en la revisión de los alquileres y el aumento en un 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Calviño valoró que el Gobierno está “respondiendo con la máxima intensidad” y con “empatía” y diálogo con los sectores más afectados, los agentes sociales, las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios. “Buena parte de las propuestas y recomendaciones están recogidas en este decreto ley”, precisó la vicepresidenta, quien agregó que espera que la norma reciba el apoyo de los grupos políticos y sociales.