La nueva norma intenta proteger la red de vías pecuarias de todo el Estado, que tiene una longitud aproximada de 125.000 kilómetros, diez veces más que la red ferroviaria.

El objetivo del Icona es recuperar estos espacios públicos para los usos tradicionales (la trashumancia), compatibilizándolos con actividades vinculadas al turismo rural, como el senderismo o las rutas ecuestres. La creación de infraestructuras, fundamentalmente viarias, y las ocupaciones ilegales, a menudo consentidas e incluso protagonizadas por las administraciones públicas, han deteriorado y provocado la desaparición de numerosos tramos de vías pecuarias.

Esta situación ha motivado que incluso el Defensor del Pueblo, en su último informe anual, instara a las administraciones a que aceleraran la tramitación de la nueva ley para garantizar la conservación de estos espacios.