Este informe será vinculante cuando sea negativo, cuando se identifiquen graves problemas de índole geotécnica, morfológica, hidrológica o cualquier otro riesgo incompatible, o que desaconseje un aprovechamiento urbanístico por los riesgos para la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente.

Asimismo, serán necesarios informes de Protección Civil para la celebración de cualquier espectáculo o actividad que genere gran concentración de personas o desplazamientos de personas o equipos.

Según la nueva ley, se elaborará un catálogo de actividades sometidas a control de riesgos y las empresas afectadas deberán elaborar planes de autoprotección.

También contarán con ellos las empresas o instituciones con personas especialmente vulnerables, como niños, ancianos o discapacitados. Estos planes incluirán medidas dirigidas a la protección de los ciudadanos que se encuentran en el entorno de estas empresas.

El proyecto de ley de Protección Ciudadana recoge, además, la ordenación de la estructura y organización de los servicios de prevención, extinción y salvamento, así como las medidas necesarias para que se preste un servicio homogéneo a los ciudadanos de Castilla y León.

En este sentido, prevé la creación de mapas con zonas básicas de emergencias para optimizar los recursos. Estos son algunos de los cambios que introduce el proyecto de ley en el sistema actual de Protección Civil, que da un paso más en la prevención, el control de riesgos y la coordinación entre administraciones.

FONDO PARA DAMNIFICADOS

Además, se recoge la habilitación de un fondo de ayuda a afectados por catástrofes, que tendrá el carácter de ayuda inmediata y se financiará con cargo a créditos ampliables para atenciones motivadas por siniestros, catástrofes u otra necesidades urgentes.

Este fondo permitirá hacer frente a los gastos que conllevan la manutención y alojamiento de personas a las que haya que desalojar con motivo de una catástrofe o que puedan verse atrapadas en carretera por una tormenta de nieve, por ejemplo.

El texto legislativo incluye las infracciones, entre las que se encuentran las llamadas inapropiadas al teléfono de emergencias 112, con mayores sanciones si suponen la movilización de recursos.

Las infracciones se tipifican como muy graves, graves o leves, en función del riesgo para la seguridad pública. Así, serán muy graves el incumplimiento de las medidas de prevención que tenga como consecuencia graves daños a las personas o los bienes, no cumplir las instrucciones de las autoridades o impedir su intervención en situaciones de emergencia.

En el apartado de la asistencia ciudadana, el proyecto de ley persigue garantizar una atención básica de emergencias en un tiempo reducido, al tiempo que distribuye la asistencia y los recursos en tres niveles: básico, especializado y extraordinario.

En el primer nivel, cada servicio de emergencias atiende los incidentes habituales, mientras que el nivel especializado está enfocado a situaciones que requieran de equipos expertos en determinadas situaciones, como pueden ser el transporte de mercancías peligrosas, los riesgos químicos, accidentes de tráfico con atrapados, hundimientos, rescates de montaña, etc. Finalmente, en el nivel extraordinario se atienden las grandes catástrofes, como pueden ser terremotos o inundaciones.